La defensa de Manchester City y el documento de Etihad de 2015

La defensa de Manchester City, bajo la lupa: un documento de Etihad de 2015 complica el relato del club

Manchester City no solo pelea en el césped. También libra, quizá, el partido más incómodo de su era moderna en los despachos. Y uno de los golpes más duros a su estrategia de defensa no llega de un rival deportivo, sino de la letra pequeña de su propio patrocinador principal, Etihad Airways.

Con el club recién declarado culpable por una comisión independiente de haber infringido más de 100 normas de la Premier League, el plan de City para limpiar su nombre se apoya en un argumento clave: que el dinero extra que engordó sus contratos de patrocinio procedía del gobierno de Abu Dabi, no de sus propietarios directos, Abu Dhabi United Group (ADUG). Esa distinción, para sus abogados, es vital.

El problema es que existe un documento, de 2015, en el que Etihad dijo exactamente lo contrario.

El documento que choca con la versión de City

En mayo de 2015, Etihad remitió una declaración de 60 páginas a los Departamentos de Comercio, Transporte y Estado de Estados Unidos, en respuesta a acusaciones de haber recibido subvenciones estatales que distorsionaban el mercado.

En ese escrito, la aerolínea fue tajante al abordar una cuestión que hoy vuelve a escena: quién pagaba realmente el patrocinio de Manchester City.

“La afirmación de que el gobierno de Abu Dabi pagó el patrocinio de la aerolínea Etihad del club de la English Premier League Manchester City es igualmente falsa”, recogía el documento.

Etihad detallaba que, en 2011, la compañía y Manchester City firmaron un acuerdo de patrocinio por 10 años, que incluía los derechos de nombre del estadio del club. Y remataba: Etihad financió ese patrocinio “con su propia liquidez”. Nada de dinero directo del gobierno para ese concepto, nada de canal paralelo. Una aerolínea pagando un patrocinio deportivo, como tantas otras en el mundo.

En el mismo escrito, Etihad subrayaba que su único accionista es el gobierno de Abu Dabi, pero insistía en que no recibe subvenciones y que se financia mediante una combinación de capital, préstamos del accionista y financiación comercial. Según la aerolínea, esas inyecciones del accionista son inversiones, no subvenciones encubiertas.

Ese matiz, que hace ocho años servía a Etihad para defenderse ante Washington, hoy se convierte en un ángulo incómodo para Manchester City en Londres.

La comisión no compra el relato del “dinero gubernamental”

La comisión disciplinaria independiente que ha juzgado al club concluyó esta semana que City disfrazó 830 millones de libras de financiación de sus propietarios como ingresos por patrocinio durante nueve temporadas, entre 2009 y 2018.

Los abogados del club ya habrían desplegado en la vista de 2024 el argumento que ahora se espera ver reforzado en la apelación: el dinero extra no venía de ADUG, sino del gobierno de Abu Dabi. Una línea de defensa que intenta separar, al menos formalmente, al propietario del Estado.

La respuesta del panel fue contundente. En su resolución, los tres miembros describieron esa explicación como una versión “confeccionada mucho después de los hechos” para “ocultar las realidades del esquema de financiación disfrazada”. En otras palabras: para la comisión, el relato no encaja con las pruebas.

Ese choque se agrava con el antecedente de Lausana. Durante el recurso de Manchester City ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (CAS) contra la sanción de dos años sin competiciones europeas por vulnerar el fair play financiero de la UEFA, la tesis fue distinta.

Entonces, el propio ex consejero delegado de Etihad Airways, James Horgan, declaró que las obligaciones de patrocinio con el club se habían pagado “con fondos propios de Etihad”. Sin rastro, en ese momento, de la idea de un flujo directo desde el gobierno de Abu Dabi para cubrir esos contratos.

Ahora, el City sostiene una narrativa que choca tanto con la declaración escrita de Etihad ante las autoridades estadounidenses como con el testimonio prestado ante el CAS. Es precisamente esa contradicción la que alimenta las dudas sobre la consistencia de su defensa.

El club, pese a todo, mantiene su postura: niega cualquier irregularidad y ya ha confirmado que recurrirá el veredicto.

El reloj de la Premier y la batalla por los plazos

La pelea ya no es solo sobre el origen del dinero. También sobre el tiempo.

Según desvela Sky Sports News, el recurso de Manchester City se registró el jueves a las 19:00. A partir de ese momento, entra en juego una nueva normativa de la Premier League, introducida esta temporada, que acelera los procesos disciplinarios.

El reglamento marca que la fase de apelación debe quedar resuelta en un máximo de 12 semanas. La vista no puede durar más de cinco días, y esos cinco días deben celebrarse de manera consecutiva. Después, el nuevo panel de apelación —tres personas distintas a las del primer juicio— dispondrá de 30 días para deliberar y emitir su decisión.

Si se respeta ese calendario exprés, el caso quedaría visto para sentencia en la semana previa a Navidad, y el fallo final llegaría, aproximadamente, hacia la tercera semana de enero. Un ritmo inusualmente rápido para un expediente de esta magnitud.

Pero nada garantiza que el proceso avance a esa velocidad.

¿Un caso que puede alargarse hasta 2027?

Los abogados de Manchester City estudian otro frente: impugnar la aplicación de las normas aceleradas de apelación. Su argumento potencial es claro. El club fue acusado en 2023 y la audiencia principal se celebró en 2024, cuando la versión actual del reglamento, con los plazos comprimidos, aún no figuraba en el Handbook de la Premier League.

Un experto legal consultado por Sky Sports News considera que el City tendría una base sólida para sostener que esas nuevas reglas no deberían aplicarse con carácter retroactivo a su caso. Si esa tesis prospera, el procedimiento podría descarrilar del calendario exprés y entrar en una fase mucho más prolongada.

La Premier introdujo esta normativa precisamente para evitar eso: que las sanciones se apliquen años después de las infracciones y que las temporadas se disputen bajo una nube de incertidumbre. La idea es sencilla: que los clubes sufran las consecuencias —si las hay— en la misma campaña en la que se juzgan los hechos.

Ahora, el City intenta lo contrario: ganar aire, tiempo, margen de maniobra.

Entre un documento de 2015 que contradice su relato actual, una comisión que ya ha desechado su explicación central y una batalla jurídica por los plazos, el campeón de Inglaterra se mueve en un terreno resbaladizo. La pregunta ya no es solo qué castigo puede recibir, sino cuánto tiempo convivirá el fútbol inglés con este caso abierto en canal.