Caso Negreira: UEFA y el castigo a Barcelona

El ‘caso Negreira’ ha vuelto al centro del huracán del fútbol español. Un día después de que Florentino Pérez cargara con dureza contra el FC Barcelona, al que señaló como protagonista del “mayor escándalo de la historia”, el ruido político y mediático ha subido varios decibelios.

Real Madrid aprieta. Barcelona responde. Y en medio, un nombre propio: UEFA. El club blanco presiona para que el organismo europeo sancione al Barça, convencido de que el marco regulatorio continental ofrece un resquicio para castigar a su gran rival.

Pero el terreno jurídico no se mueve al ritmo de los micrófonos.

El muro del tiempo: la prescripción

La clave no está en los discursos, sino en el calendario. Según detalla un informe de Mundo Deportivo, el gran obstáculo para cualquier sanción deportiva es la prescripción de las posibles infracciones.

Los pagos a Enriquez Negreira, que están en el centro del caso, se habrían producido entre 2001 y 2018. El asunto no salió a la luz hasta 2023, cuando Cadena SER destapó la información.

Ahí está el nudo. Cuando el caso se hizo público, la ventana para abrir un procedimiento disciplinario ya estaba cerrada.

El artículo 9 del Código Disciplinario de la RFEF es tajante:

• Las infracciones muy graves prescriben a los tres años.
• El plazo empieza a contar desde el día siguiente a la comisión de la infracción.

Si los últimos pagos datan de 2018, el margen para actuar se habría agotado mucho antes de 2023. Cuando el escándalo estalló, el reloj jurídico ya había llegado a cero.

El espejo europeo: UEFA también llega tarde

Real Madrid se agarra al artículo 4 del Reglamento Disciplinario de UEFA, confiado en que la instancia europea pueda ir más allá de lo que han hecho los organismos españoles. Sin embargo, el problema vuelve a ser el mismo: el tiempo.

Las normas disciplinarias de UEFA se apoyan en un marco de prescripción similar. La idea es la misma: pasado un determinado plazo, las posibles infracciones dejan de ser perseguibles en el ámbito deportivo.

En otras palabras, incluso aunque UEFA no esté atada por las decisiones de los tribunales españoles, sí lo está por sus propios plazos disciplinarios. Y esos plazos, en este caso, también habrían expirado.

El resultado es contundente: las manos de UEFA están prácticamente atadas. No por falta de ruido. Por falta de margen legal.

CSD, RFEF y un mismo bloqueo

En España, el escenario es calcado. Ni el CSD ni la RFEF han podido abrir un expediente disciplinario por el mismo motivo: las posibles infracciones, catalogadas como muy graves, ya habrían prescrito cuando el caso salió a la luz.

El debate político y moral sigue abierto. El jurídico, mucho menos. Mientras los despachos de los grandes clubes se señalan con el dedo y el relato se endurece, el marco normativo marca una realidad incómoda: el ‘caso Negreira’ puede seguir sacudiendo la reputación del fútbol español, pero el castigo deportivo que muchos reclaman parece haber llegado demasiado tarde.

La batalla, ahora, ya no es solo por las sanciones. Es por el relato, por la credibilidad del sistema y por quién consigue imponer su versión de la historia en un caso que, pese a la prescripción, no deja de manchar el presente.